¿Qué dice el dictamen aprobado para la nueva Reforma Educativa?

Las comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avalaron en lo general y lo particular el dictamen de reformas en materia educativa por la que se abroga la reforma aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el documento avalado con 48 votos a favor, nueve abstenciones y tres en contra, desaparecen las evaluaciones punitivas, en tanto que los derechos laborales se regirán por el Artículo 123 de la Constitucional Política, Apartado B.

En medio de bloqueos parciales de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Palacio Legislativo de San Lázaro, los legisladores agregaron dos artículos transitorios al documento y se establece que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de los Maestros.

El documento avalado reivindica la rectoría del Estado en la educación; establece la obligatoriedad la educación superior, por lo que incluirá los recursos necesarios en los presupuestos federales, estatales y municipales.  

Se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación; se respetarán los derechos adquiridos de los maestros.

Además, quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de los maestros en el servicio.

También se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto.

Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizada.

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